En Santa Fe el PJ se opone a la reglamentación de la Ley Micaela

Desde la Secretaría de la Mujer del PJ de Santa Fe manifiestan su profunda preocupación ante la decisión del Gobernador Miguel Lifschitz, de reglamentar la Ley Micaela.

“Es cuanto menos llamativo que a tan solo una semana del cambio de mando en el gobierno, se instrumenten medidas como ésta, que no toma en cuenta ni respeta los procesos democráticos y políticos propios de la estructura del tratado de dicha ley”, dice en un comunicado del PJ santafesino.

Teniendo en cuenta las bases en las que se fundamentó la Ley Micaela, a través del siempre arduo y constante trabajo de los movimientos feministas y diversidades, poniendo en alto un reclamo que hace mucho tiempo se venía manifestando en cada una de las voces de nuestras mujeres ante la injusticia social que golpea, maltrata y asesina a miles de jóvenes, dia tras dia. La ley, fue pensada, justamente en pos de poder contribuir y articular una herramienta que de verdad asesore y proteja a las mujeres, que las cuide en todas las estructuras culturales y sociales del Estado, en su conjunto. Es con ese propósito y ese cuerpo que se formó el alma de esta ley, con el interés y en defensa de las mujeres, y de una conjunción colectiva de organizaciones, movimientos, organismos y funcionaries.

Las mujeres peronistas de Santa Fe, a su vez, expresan que “es por todo esto, que no estamos de acuerdo con la medida tomada por el Gobernador. Es una decisión política arbitraria, en el tiempo y formas actuales, y que más importante aún, ignora y deja fuera de la discusión principal a las partícipes de esta historia, las mujeres y sus respectivos movimientos u organizaciones, sin nombrar el no llamado al debate de los futuros ministerios y secretarías ya anunciados por nuestra futura gestión.

Por todo lo anteriormente expresado, denunciamos que esta propuesta de reglamentación no es la conclusión de una verdadera discusión democrática seria y correspondiente, en donde están ausentes todos sus protagonistas colectivos, por lo que se trata en esencia de una falta hacia los procesos normativos y un ataque directo al bienestar de nuestra democracia provincial”.

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