Suicida!: La Costa en medio de una estafa que insulta la inteligencia de los argentinos

Editorial | Comprometer y exponer públicamente a gobernadores e intendentes en la cuestión tarifaria es suicida. En el pago chico el intendente tuvo que salir a decir verdades. Mientras tanto la vida democrática de los costeros transcurre gris, sin miras a un debate serio sobre el modelo de municipio que queremos.

El día en que la cámara de diputados de la nación se disponía a tratar en sesión especial, un freno a los tarifazos, el presidente Mauricio Macri desde Vaca Muerta, le hablaba a los argentinos diciendo que la clave para salir de la crisis era el ahorro. Y le pedía a los gobernadores e intendentes, que reduzcan los impuestos para abaratar los costos de las facturas de los servicios públicos. Todo estos en nombre del esfuerzo que nos posibilitará ser exitosos.

Esto de tirarle la responsabilidad a gobernadores e intendentes, de enfrentarlos con sus poblaciones y de hacerlos parte de un problema que no gestaron y padecen, es de la perversidad más absoluta, amén de romper con las reglas básicas del juego democrático. Es la política del aprete constante, traicionero, de golpes muy bajos viniendo de la investidura presidencial, en este caso de comprometer y presionar mediaticamente, para luego negociar en mejores condiciones con la opinión pública a su favor.

Una política suicida. Una gran estafa que insulta la inteligencia de los argentinos y una subestimación de lo que representa el peronismo. 

En el primer caso, cuando tomó estado público a través de las declaraciones del presidente, que una gran porción del hiperaumento va a parar al estado a través de impuestos, la gente empezó a hilar fino y aparecen enormes irregularidades, las empresas tributan nada y son agentes de recaudación impositiva. Lo que es peor, en estos días están tomando estado público las astronómicas ganancias de las prestadoras de servicio y la enorme suba de sus acciones, en muchos casos vinculadas a funcionarios públicos. Por otro lado, la oposición a esta política energética, encabezada por el peronismo -con todas sus contradicciones, matices y divisiones-, cuanto más se la presiona y se siente amenazada, más cierra filas, construye poder y trata de imponerlo.

En medio de un clima político adverso, con una economía a la deriva que no encuentra el norte, las bravocunadas de Macri son peligrosas. Es mojarle la oreja permanentemente a ese “grandote” que es el peronismo. Le guste a quien le guste, pese a quien le pese, esto es así. Esto es argentina y hay que conocer su idiosincrasia para interpretarla y conducirla por mejores caminos, con picardías no alcanza. Para muestra basta un botón: La injerencia de la justicia en el Partido Justicialista puede convertirse en un boomerang para el gobierno, es posible que el peronismo salga fortalecido a partir de su intervención.

El pago chico
En el marco de ese escenario nacional, en una actitud inteligente, el intendente del partido de La Costa, Juan Pablo De Jesús, hace lo imposible por tener una buena relación con el gobierno de María Eugenia Vidal. Un sector de la oposición lo acompaña -Mery Fino- y otro sector se opone a todo. Hoy estos últimos se han ungido en los “inspectores” de la obra pública que se realiza “con plata de Vidal”. Esta concepción de la política del sector que encabeza Marcos García rompe con todos los postulados de descentralización, participación y autonomía de los municipios. En una actitud análoga, la gobernadora Vidal pretende quitar poder de decisión a las municipalidades a través de la ley de Pacto Fiscal.

Como gato entre la leña o como alumno obediente, el intendente hace sus deberes y facilita las políticas provinciales más ambiciosas. Por citar algunos casos el programa ACERCARTE, los operativos de verano del Ministerio de Seguridad de la Nación, las promociones del banco Provincia en las playas costeras, o el inminente operativo de documentación de los próximos días, todos ellos de neto corte de marketing político de la provincia de Buenos Aires, han contado con el aporte logístico y de infraestructura por parte del municipio.

Pero su “buena conducta” encontró un límite en la cuestión tarifaria y tuvo que salir a defender los intereses del municipio. Con mucha prudencia, en tono conciliador, dijo algunas verdades: El costo del alumbrado público subió un 800 % y la carga tributaria produce una capitalización desmedida, por lo que sería justo bajar el IVA. En relación a la falta de gas de red que produce el enorme costo de utilizar garrafas, puso en agenda un tema clave: Esto se debe a que la Nación no ha construido el Gasoducto de La Costa, obra anunciada con bombos y platillos en su momento por Marcos Peña y todavía no hay nada. “Nosotros hicimos 400 kilómetros de gas en 8 años y en los últimos dos años no pudimos extender la red porque no se está llevando adelante esa obra”, cuestionó Juan Pablo De Jesús.

La vida democrática de los costeros
En esa escena nacional fracturada políticamente, signada por la brecha entre unos y otros, la vida democrática de los costeros no tiene mejor suerte, no luce mejor. La oposición en el distrito le niega al ejecutivo lo que el gobierno nacional le pide a los legisladores de distinto signo político: que le faciliten las herramientas (leyes) para poder gobernar. El HCD se ha convertido en la extensión de la lucha política, ni siquiera con una desgracia que dejó 5 muertos, se pudieron acercar posiciones. Aún así, con mayoría propia o acompañado en algunos casos por un sector de la oposición, el ejecutivo se apresta a aprobar un nuevo Organigrama y el Digesto Municipal, dos leyes fundamentales de las municipalidades que determinan la legalidad e institucionalidad de todas las estructuras y acciones de gobierno.

Si los concejales no se pueden poner de acuerdo en estas dos cuestiones básicas, apolíticas, lavadas de toda parcialidad e inocuas, ¿que podemos esperar cuando se discuten cosas donde están en juego ideologías, cultura y formas de ver la vida? La respuesta es nada, sensillamente nada a la hora de discutir entre todos que modelo de municipio queremos.

2 Comments

  1. Horacio Juan Azzolin

    Con respecto al alumbrado público señalo como contribuyente no residente que CLYFEMA cobra $ 92.17 por mes por dicho servicio.
    En consecuencia agradecerè aclarar si se trata de una doble imposición por cuanto el Sr. Intendente menciona tanto el incremento registrado (que realmente impacta en nuestros bolsillos) como el importe que abona la municipalidad también por ese servicio

    1. alejandro2016

      Lo que ha planteado públicamente el intendente, es que el alumbrado público subió un poco más del 800%. En una nota de la semana anterior hace referencia al costo, consultar en la sección locales al respecto. Saludos.

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